+El dirigente estatal Alejandro Bravo Abarca cuestionó que solo políticos de oposición, y ninguno del partido en el poder, sean vinculados a proceso; el juez resolverá hoy si los exalcaldes enfrentarán juicio, lo que podría implicar cárcel, multas y pérdida de derechos políticos
El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Bravo Abarca, calificó como injustos los procesos judiciales contra el expresidente municipal de Ometepec, Efrén Adame Montalván, y el excandidato a alcalde, Salvador Robles Zacapala, acusados de delito electoral.
En conferencia de prensa, Bravo Abarca señaló que los casos de Adame y Robles resultan “muy raros”, pues —dijo— únicamente se han vinculado a proceso por estos delitos a personajes de la oposición, principalmente del PRI y del PAN, y no a integrantes del partido en el poder.
El dirigente priista evitó pronunciarse sobre si se trata de un asunto político, pero reiteró que “no es justo” el proceso que enfrentan sus compañeros de partido, e instó a revisar cuántas personas y de qué partidos han sido vinculadas a proceso por delitos electorales.
Efrén Adame Montalván enfrenta una investigación por presunto uso de recursos públicos para promover su imagen durante la campaña electoral de 2021, cuando buscaba la reelección en la alcaldía. En la misma denuncia, presentada ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado, también fueron señalados el exalcalde Salvador Robles Zacapala y una funcionaria de la administración encabezada por Adame.
El juez que lleva el caso tiene como plazo este miércoles para determinar si los implicados serán vinculados o no a proceso. En caso de resultar responsables del delito que se les imputa, podrían enfrentar sanciones económicas, penas de prisión y la pérdida de sus derechos políticos-electorales.
En otros temas, Bravo Abarca consideró que existe una “persecución política” contra actores que no coinciden con el gobierno actual. Como ejemplo, mencionó la solicitud de desafuero contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, acusado del presunto desvío de 83.5 millones de pesos, cuyo caso se encuentra en etapa final en la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.
De acuerdo con Bravo Abarca, esta segunda solicitud de desafuero responde a críticas que Moreno ha hecho contra el senador Adán Augusto López, quien —cuando fue gobernador de Tabasco— tuvo como secretario de Seguridad a Hernán Bermúdez Requena, acusado de liderar el grupo delictivo “La Barredora” y actualmente prófugo de la justicia.