De acuerdo con dos testimonios, a Aguirre le preocupaba que su sobrino (Ernesto Aguirre) estaba al tanto de todo lo ocurrido el 26 de septiembre del 2014; el material grabado por las cámaras de seguridad, lo entregó el ex gobernador al ex procurador, Iñaki Blanco “para que se hiciera cargo”
A cuatro días de la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, acusado por las autoridades federales de desaparición forzada y obstrucción de la justicia, los nombres de dos cercanos a él han salido a flote, por su probable participación en distintos hechos, relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.
Se trata de su sobrino y exasesor, Ernesto Aguirre, así como el ex titular de la Procuraduría General de Justicia, Iñaki Blanco Cabrera. Los nombres de ambos personajes fueron citados durante la audiencia en la que se vínculo a proceso al exmandatario estatal, por ordenar el ocultamiento y desaparición de material videograbado de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia en Iguala.
De acuerdo con los reportes de diversos medios nacionales, durante la audiencia inicial, Aguirre Rivero se presentó en silla de ruedas, argumentando un deterioro de salud, derivado de problemas sin hipertensión que presenta desde hace tiempo. Pese a la solicitud hecha por la defensa, las autoridades de justicia le negaron la prisión domiciliaria.
Al presentar las pruebas, el personal de la Fiscalía General de la República (FGR), informó que de acuerdo con los testimonios de Lambertina “N”, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia, así como de Blanca “N”, visitadora del mismo organismo, Aguirre Rivero pidió el ocultamiento y destrucción del material grabado por las cámaras 12 y 15.
Dicho material, de acuerdo con investigaciones que se han realizado durante los últimos casi 12 años, mostraban parte de la detención de un grupo de normalistas que se transportaban a bordo del autobús 1531, y que fueron detenidos por policías en contubernio con sicarios de un grupo delictivo, justo frente al Palacio de Justicia.
Según lo expresado en la audiencia, a Aguirre Rivero le preocupaba la existencia de dicho material porque su sobrino, Ernesto Aguirre, “estaba al tanto”, de todo lo ocurrido la noche del 26 de septiembre en la ciudad de Iguala. Ambas testigos del TSJ, calificaron como una persona peligrosa tanto a Aguirre, como a su sobrino, por sus presuntas relaciones con el crimen organizado.
“No quería que se supiera porque él (Ernesto) tenía relación con el crimen organizado y se había dado la orden de que ejecutaran a los normalistas porque eran del grupo rival”, fueron las declaraciones presentadas por la FGR, obtenidas por una de las testigos del TSJ. Cabe recordar, que al inicio de las investigaciones, se reveló una línea que advertía que los normalistas fueron confundidos con integrantes del grupo delictivo Los Rojos.
La información presentada durante la audiencia, apunta a que el 29 de septiembre del 2014, Blanca “N” recibió del área de informática un sobre con el disco que contenía las grabaciones al exterior de las cámaras de seguridad por la desaparición de un grupo de normalistas. Dicho material fue entregado al exgobernador quien habría dicho que sería entregado a Iñaki Blanco, “para que se hiciera cargo”.
Un día después, el 30 de septiembre, Aguirre Rivero sostuvo una reunión con funcionarios de primer nivel de su gobierno, así como la testigo Blanca “N” y ahí expresamente el exmandatario pidió la desaparición de todo material relacionado con los hechos del 26 y 27 de septiembre.
El exgobernador por el PRD, quien hasta ese momento había reservado el derecho de hacer cualquier tipo de comentario, tomó la palabra para afirmar que es inocente de toda acusación y demostraría a su familia que “nada tengo que ver con lo que pasó”.