+Haydée Guadalupe Rodríguez, animó a los niños a continuar sus estudios y les informó que ordenó que se hiciera lo necesario “para que ustedes tengan maestras y maestros”
El pasado 6 de mayo del 2025, en el marco del Día del Maestro, la jueza Décima de Distrito del Estado de Guerrero, Haydée Guadalupe Rodríguez Hernández, en una sentencia histórica, obligó a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), “proveer maestras o maestros bilingües de manera permanente e inmediata”, para la escuela primaria “Benito Juárez”, en la localidad na savi de Loma Bonita, Metlatónoc.
La sentencia dicta textualmente que los docentes deberán reunir “los requisitos que exige la normatividad aplicable, a fin de materializar el derecho a la educación prevista en el artículo tercero constitucional”; los docentes faltantes se retiraron de la zona por un presunto problema de inseguridad.
Por ello la jueza, en su sentencia, señala que la propia gobernadora de Guerrero “deberá ejercer las atribuciones de garantizar la protección y seguridad, así como disponer de las corporaciones policiales estatales y municipales, a fin de que, para garantizar la cobertura y calidad de la educación pública y la enseñanza bilingüe e intercultural, se brinde seguridad necesaria para que se imparta la educación adecuada en el plantel educativo citado”.
De manera por demás atípica, en la sentencia, la jueza Haydée Guadalupe Rodríguez, en un apartado se dirige directamente a las niñas y niños de la primaria indígena, en el cual les explica que ya tiene conocimiento de la falta de docentes y que no han recibido clases en todo el año, por lo que, dentro de sus funciones ordenó “a las personas que se encargan de ayudar a su escuela que hagan lo necesario para que ustedes tengan maestras y maestros, clases y puedan ir a la escuela seguros y contentos”; los animó a continuar con sus estudios.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, los docentes que se encontraban en la primaria na savi “tuvieron que salir por inseguridad porque una persona que había donado la tierra donde se construyó la escuela primaria los amenazó y no dejó que los niños y niñas se inscribieran”.
“Las sentencias claras en su contenido cuando habla de que las autoridades deben priorizar el interés superior de las niñas y niños, más de comunidades indígenas y afroamericanas”, expone Tlachinollan y aclara que aún con el clima de inseguridad por las situaciones descritas, el Estado debe de garantizar la educación de la niñez del pueblo.