México. -La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó ante el reconocimiento oficial de que fue un operativo fallido, mal planeado y ejecutado, el que se realizó en Culiacán, Sinaloa el pasado 17 de octubre, se requiere una investigación objetiva e imparcial que, sin partir de premisas preestablecidas, entrara al conocimiento de los hechos y a la búsqueda de la verdad sin asignar culpas o eximir de responsabilidad en forma anticipada, ya que en este caso es importante conocer que pasó y prevenir con base en ello que situaciones similares se repitan.
De acuerdo con un comunicado, el titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez sostuvo que respetar y hacer respetar la ley no puede confundirse con represión, ya que el uso legítimo, debido y conforme a estándares internacionales de la fuerza es potestad, responsabilidad y obligación de las autoridades cuando las circunstancias así lo ameritan.
Enfatizó que no viola derechos humanos la autoridad que recurre a la fuerza y hace uso adecuado de la misma; los violenta quien aduciendo un mal entendido respeto de los derechos fundamentales renuncia a cumplir con las obligaciones que tiene la autoridad y tolera o permite que se cometan delitos y abusos contra quienes debe proteger y procurar.
Puntualizó que el Estado no puede renunciar, bajo ninguna circunstancia, a su obligación de cumplir con la ley y hacerla cumplir, ya que ésta no es objeto de negociación ni las autoridades deben condicionar su actuación al grado de violencia que pueda tener o tenga la respuesta de aquél a quien se le intenta aplicar. Claudicar en el ejercicio de las funciones como consecuencia de las acciones de particulares, dijo, representa el mayor incentivo para que continúe la impunidad y se perpetúe la violencia.
“El imperio de la ley deja paso al dominio de la fuerza y, con ello, las posibilidades de que los derechos de las personas se respeten y preserven desaparece, de ahí que es encomiable que el Estado busque la conciliación y la pacificación del país, pero no implica que se claudique ante quien opte por ejercer la fuerza y se abandone a su suerte al personal del servicio público encargado de hacer valer la ley y defender las instituciones”, dijo.
Expresó que los derechos humanos no son obstáculo para la aplicación de la ley, ni antagónicos con los responsables de procurar condiciones mínimas de seguridad para la convivencia y arriesgan día con día su integridad física y su vida. Quien se aleje de debido cumplimiento de su deber e incurra en abuso de poder debe responder de sus actos conforme a derecho.