+Adeuda el gobierno pago de ayuda alimentaria a familiares de desaparecidos en Guerrero
Las autoridades de justicia en Guerrero dejaron de realizar la búsqueda de las seis personas, originarias del poblado de Chautipan, Chilpancingo, que fueron desaparecidas el mes de octubre del 2024 en los límites de los municipios de Chilapa y Quechultenango, denunció el colectivo “María Herrera”.
De acuerdo con Gemma Antúnez Flores, dirigente del colectivo de desaparecidos, las 25 familias víctimas por la desaparición de 17 personas en Chautipan, se sumaron al colectivo para buscar a las seis personas que aún no han sido localizadas.
Sin embargo, actualmente las autoridades encargadas de llevar a cabo las investigaciones mantienen suspendidas las acciones de búsqueda y tampoco han informado sobre el avance en el caso
Cabe recordar, que en el mes de enero fue abandonada una camioneta con los cuerpos de 11 personas; horas después se confirmó que las víctimas eran los habitantes de Chautipan, desaparecidos el año pasado, sin embargo las otras seis personas no han sido localizadas.
“Ya quedó suspendida, no hay investigaciones (…) ya no se han hecho más búsquedas y es que está bien difícil entrar a esas áreas donde se supone que pueden estar los demás, yo creo que hasta las autoridades tienen miedo de entrar a esas áreas”, denunció Gemma Antúnez.
En otros temas, los integrantes del colectivo de Chilpancingo, denunciaron que las autoridades les adeudan cinco meses del pago de ayuda alimentaria.
En conferencia de prensa, Gemma Antúnez Flores, representante del colectivo indicó que el año pasado la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), no fueron cubiertos los pagos de los meses de noviembre y diciembre; en 2023 también quedaron pendientes varios pagos.
Tan solo de su organización, hay 42 familias que se encuentran en esta situación. Cabe destacar que este apoyo económico es generalmente usado para la compra de canasta básica, ya que en la mayoría de casos, las víctimas de desaparición son el sustento de las familias.
Sin embargo, explicaron que la responsabilidad por esta situación no recae meramente en la CEAV, sino en el gobierno estatal, que es el encargado de destinar los recursos a la institución, por lo que urgieron a atender el tema a la brevedad.
Además de denunciar esta situación, el colectivo pidió al Congreso del Estado de Guerrero, agilizar la aprobación de la Ley de Desaparición de Personas, considerando que es un tema pendiente para las víctimas y que está en puerta desde la legislatura pasada.