El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, dijo que para que sea verdadero el apoyo a los pueblos originarios que se plantea en la reforma al artículo 2 constitucional, que es parte del llamado Plan C, se necesita que el recurso público llegue verdaderamente a las comunidades y no se quede solo administrado por los ayuntamientos.
Durante un conversatorio en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, organizado por la Secretaría para el desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicano (Sedepia), Barrera Hernández habló sobre la reforma al artículo 2 constitucional que se plantea en el llamado Plan C, promovido por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que planta reconocer a los pueblos originarios como sujetos de derecho público y político.
Barrera Hernández dijo que con esta reforma, se espera que los recursos económicos lleguen realmente a las comunidades y pueblos originarios y no se quede solo en los Ayuntamientos y se ocupe para negociar y condicionarlos.
“Los pueblos originarios no son sujetos de derechos público, pero esperemos que ahora que si van a ser sujetos de derecho el presupuesto llegue al cuarto piso (comisarios), que ya está llegando a través de los caminos artesanales, y se enojan los presidentes (municipales) porque quieren ejercer el recurso, se quejan por que lo
manejan las comunidades y esa es la disputa. ¿Quién va a manejar el recurso de los pueblos? ¿Los que no son indígenas, lo que son mestizos, los que tienen otra agenda política?”, planteo Barrera Hernández.
Agregó que con la aprobación de la nueva reforma ya se podrá “defender con la ley en la mano el que el presupuesto tiene que llegar a los pueblos”.