Guererro. – El diputado del PRD, Bernardo Ortega Jiménez presentó una iniciativa de reformas a la Ley del Notariado del Estado para que, previo estudio socioeconómico en cada región y ciudad, se emita el Arancel Notarial, el cual deberá actualizarse cada año conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor.
Al presentar su iniciativa, Ortega Jiménez manifestó que la propuesta tiene como objetivo regular los cobros que realizan los notarios del estado por los diferentes servicios que ofrecen, para que el ciudadano busque la mejor prestación de servicio y aumentar la calidad profesional del mismo.
Dijo que la falta de un arancel que contenga el catálogo de honorarios que perciben los notarios por sus servicios permite que se desarrolle una función notarial contraria a los principios de ética y los conlleva al plano del comercio, donde rige no la competitividad profesional, sino la del servicio más barato.
El legislador argumentó que casi todos las entidades establecen aranceles para los honorarios de los notarios, pero en la práctica se observa una gran variedad en las tarifas cobradas por un mismo servicio, lo cual sugiere que los aranceles sean un tope máximo superior al precio de mercado, o constituyen una referencia no vinculante.
Explicó que la Ley del Notariado del Estado de Guerrero establece en sus artículos 16 y 17 que al no ser remunerados los notarios, tienen derecho a cobrar a los interesados los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios, conforme al arancel autorizado por el Ejecutivo, mismo que determinará el costo económico del servicio de la función notarial, para que haya certeza y se genere confianza en los ciudadanos. Sin
embargo, agregó, tal arancel no existe, lo que conlleva a que los servicios notariales varíen en una misma ciudad.
Por ello propone un arancel de servicios notariales, que no debe ser una simple lista de servicios y costos, sino que se sustente en estudios socioeconómicos que contengan una especificación de los costos de materiales que son necesarios en la función notarial, pago de rentas, pago de empleados, traslados, así como la remuneración del propio notario; esto acorde a la ciudad donde se presta el servicio, con la diferenciación regional, tomando en cuenta las características del estado y los precios de mercado existentes en cada región.