Guerrero. -El Centro de Derechos Humanos de la Montaña y 10 organizaciones más, solicitaron al Congreso de Guerrero aprobar la iniciativa de reforma Constitucional en materia de derechos de los pueblos indígena y afromexicanos, presentada desde finales del año pasado y que hasta el momento no es discutida.
En un escrito dirigido a los diputados, respaldaron la propuesta de reforma constitucional presentada en diciembre de 2019 por el diputado de Morena, Aristóteles Tito Arroyo y urgieron su aprobación para que se reconozcan los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afromexicano en la Constitución.
“Hacemos este llamado a ustedes, como miembros del Congreso del estado de Guerrero, a aprobar la propuesta de Reforma Constitucional y así reconocer de manera plena los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano en su entidad”, indica el escrito.
“De ser reconocidos sus derechos en la Constitución del estado de Guerrero, los pueblos y comunidades tendrán más posibilidades de fortalecer sus estructuras propias de gobernanza y por ende de acceder a una vida digna desde el desarrollo propio. En este contexto de pandemia, estamos convencidas y convencidos que el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades es impostergable, pues se trata de revertir, en parte, la deuda histórica del Estado mexicano hacia los pueblos originarios”.
Algunos elementos que consideraron fundamentales en la propuesta de reforma constitucional son: el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicano como sujetos de derecho público, que les permite dialogar entre iguales con el Estado; el reconocimiento del pluralismo jurídico; el reconocimiento del sistema comunitario de seguridad y justicia de la CRAC-PC, “que mantiene la paz en las comunidades”.
La protección al territorio de los pueblos y comunidades frente a las empresas extractivas; la participación política de los pueblos, nombrando a sus representantes ante el Congreso y los ayuntamientos en asamblea; así como el reconocimiento de los derechos lingüísticos de los pueblos.
Entre las organizaciones que firman se encuentran: Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Fundar, Centro de Investigación y Análisis AC, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Oxfam México, Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, Servicios para una Educación Alternativa, Tequio Jurídico, Centro de Estudios Municipalistas Heriberto Jara, Red de Litigio Estratégico y Colectivo de Abogados.
De acuerdo con el diputado Aristóteles Tito Arroyo, la iniciativa tiene como principal contexto el reconocimiento que en materia política y jurídica existe como una deuda histórica con los pueblos y comunidades originarias y afrodescendientes del mundo, tal y como ha sido reconocido por las Organización de las Naciones Unidas, sobre todo en la última década.
En enero de 2019 los representantes de las organizaciones sociales y pueblos originarios, indígenas y afromexicanos, junto con el acompañamiento de los diputados de Morena, plantearon la necesidad de desarrollar un Parlamento Abierto.
Dicho parlamento se realizó en los municipios de Ayutla de los Libres, Metlatónoc, Tlapa de Comonfort, Malinaltepec, San Luis Acatlán, Marquelia, Tlacoachistlahuaca, Acatepec, Tepecoacuilco y Acapulco.