Chilpancingo, Gro., 3 de julio de 2025.– El colectivo Guerrero No + Desaparecid@s, integrado por 48 familias buscadoras, exigió una audiencia urgente con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y denunció públicamente la falta de atención y coordinación por parte de la Fiscalía General del Estado, especialmente en lo que respecta al trabajo de Servicios Periciales.
Durante una rueda de prensa, las madres buscadoras señalaron que en Guerrero persiste un grave rezago en materia de identificación humana, y que la falta de voluntad política, personal capacitado, herramientas, así como de coordinación efectiva, ha obstaculizado el derecho a la verdad de las familias que buscan a sus seres queridos.
“Nacimos del dolor, de la necesidad y de la indignación. No venimos a perseguir a nadie, solo queremos saber dónde están nuestros hijos, madres, padres o esposos”, expresaron.
El colectivo denunció que, a más de un mes de haberse iniciado una excavación en la carretera vieja Chilpancingo-Zumpango, no se ha presentado un plan de trabajo por parte del coordinador de Servicios Periciales, Héctor Ramírez Chávez. Esta omisión, subrayaron, ha generado una fuerte afectación emocional, psicológica y económica a las familias, y constituye una forma de revictimización que contraviene las leyes nacionales e internacionales.
También demandaron el fortalecimiento de la unidad canina, la cual ha trabajado de manera sensible y efectiva en las labores de búsqueda. Señalaron como urgente la necesidad de contar con personal especializado, así como la reubicación de personal a áreas donde realmente cuenten con la capacitación adecuada.
Denunciaron además la revictimización institucional a través de la falta de organización, la indiferencia y la omisión de las autoridades ante las necesidades logísticas, emocionales y económicas de quienes buscan.
El colectivo llamó a establecer una coordinación real entre las comisiones e instituciones responsables de la búsqueda de personas desaparecidas. Advirtieron que no hay tiempo para simulaciones, y recordaron que la búsqueda debe hacerse con protocolos claros, bajo los principios de inmediatez, exhaustividad, participación activa y enfoque diferencial.
“Pedimos que nos escuchen, que caminen con nosotras, que no olviden que la paz y la justicia comienzan con la verdad”, afirmaron.
Respaldaron su exigencia en el marco de la Constitución mexicana, la Ley General de Víctimas, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, el Protocolo Homologado de Búsqueda, y los tratados internacionales suscritos por México como la Convención de la ONU y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Recordaron que la omisión del Estado mexicano podría derivar en recomendaciones internacionales por incumplimiento.
“El Estado está obligado a garantizar la búsqueda efectiva, la identificación y la justicia. La coordinación interinstitucional no es un favor: es una obligación”, concluyeron.