“Vamos a decir la verdad por dolorosa que esta sea”, así lo expresó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración y el presidente de la Comisión Presidencial del Caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas Rodríguez sobre el avance del caso de los normalistas desaparecidos en Iguala.
El funcionario fue entrevistado al término del acto solenme llevado a cabo este viernes en el Congreso de Guerrero, en el que rindió protesta Evelyn Salgado Pineda como gobernadora Constitucional.
Encinas Rodríguez aseguró que nunca se va a mentir sobre la desaparición de los estudiantes normalistas y tampoco se va a crear una nueva verdad histórica sobre el caso.
Cuestionado sobre las expresiones de los propios padres en el sentido de que las investigaciones se encuentran sin avance, dijo estar convencido de que van a dar “muy buenos resultados”.
“Yo mantengo una comunicación muy fluida y respetuosa con todos y todas los papás y mamás. Y nos merecen respeto y en esa relación se respeto tenemos que darles resultados”, apuntó.
Sobre los territorios controlados por el crimen organizado en distintas regiones de la entidad, consideró que esos espacios se tienen que recuperar así como restituir a la autoridad constitucional.
En ese sentido, dijo que hay avances y subrayó que Guerrero ya no se encuentra en los primeros lugares de incidencia delictiva.
En ese punto elogió el trabajo del exgobernador Héctor Astudillo Flores pues aseguró que “logró disminuir la violencia y el homicidio en Acapulco”, aunque atajó que estos prevalecen en muchas regiones por lo que aún quedan “muchas deudas pendientes”.
Expuso que el naciente gobierno morenista, debe atender todos los problemas de violencia “no solamente los que se dan en la disputa territorial en el Estado, sino también muchos hechos de violencia que se presentan en los hogares”.
“Los de más alto impacto social como el feminicidio, la violencia familiar y la violencia sexual”, remarcó.
Mencionó que está en discusión una agenda de derechos humanos con la nueva gobernadora, “para fortalecer las capacidades institucionales” y ver cuales son las reformas administrativas y legislativas que se requieren para atender problemas ligados a la violencia como la desaparición de personas, agresión a periodistas y personas de hechos humanos, violencia de género y la venta de niños y niñas en la zona de la montaña.
En ese último tema, sobre el caso de la niña indígena originaria de Cochoapa el Grande que fue secuestra por la Policía Comunitaria al querer escapar de su violador, secundó lo dicho por la gobernadora en el sentido de que no pueden ampararse en los usos y costumbres con prácticas que atenten contra los derechos y la dignidad de las personas.
“Tendrán que sancionarse a todas estas personas que han hecho este tipo de abusos, contra las mujeres en particular”, finalizó.