La lista de los 32 aspirantes a la Fiscalía General del Estado (FGE) que el Congreso local envió a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para la formulación de una terna para elegir a la o el nuevo Fiscal, presenta diversas observaciones como varios de los registrados no acreditan ejercicio en el área del derecho penal, cédulas de maestrías en trámite o no acreditaron conocimientos especializados, algunos sin experiencia en litigios y otros sin acreditar documentos de los méritos que dijeron tener.
La lista final que aprobó el Congreso quedó de 32 porque solo un aspirante no fue aprobado por 42 diputados y diputadas.
Se trata de Luis Alberto Aparicio Navarrete quien aparece con doctorado en Derecho Penal y de haberse desempeñado como Fiscal Especializado en Materia de Secuestro, pero fue en el único caso que los diputados hicieron trabajo de depuración sin dar más detalles de los requisitos.
En los datos de la lista de aspirantes para la FGE, documento al que se tuvo acceso y se cuenta con una copia, aparecen cuatro aspirantes mujeres y 28 hombres, de de los cuales tienen formación militar, cuatro servidores públicos en funciones y los demás son ex funcionarios.
El primero que aparece en la lista es Jesús Zamora Muñoz de carácter militar, quien aparece con la siguiente observación: maestría en ciencias penales, especialidad en juicios orales, curso actualización judicial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De 1996 al 2012 fungió en 18 puestos en la Secretaría de la Defensa Nacional y, Fiscal Electoral de 2012 a 2016, no fue ratificado.
Ángel Andrés Suazo Rodríguez, presenta constancias de cursos diversos, sin acreditar conocimientos especializados.
Raymundo Pérez Medrano, fue agente del Ministerio Público Federal (renunció en 2010), señala tener maestría en administración pública y doctorado en derecho, pero no presenta sus títulos ni tésis y sus cédulas profesionales las obtuvo en el 2021.
Alfonso González Zamora en residencia muestra que de 2018 a 2021 trabajó en Ciudad de México, fue agente del Ministerio Público Federal hasta 2021 y cuenta con Doctorado en Derecho Penal.
Zipacná Jesús Torres Ojeda, se ha desempeñado en justicia militar, fue encargado de la Fiscalía por unos días cuando la ex titular Sandra Luz Valdovinos pidió licencia y aparece que tiene credencial del INE con domicilio en Ciudad de México a partir del 2023. Antes, en 2019 estuvo adscrito en Tijuana Baja California y en 2018 vivió en la ciudad de Monterrey, desde hace dos años en Ciudad de México. En grados académicos no se especifica nada.
Blanca Ma. del Rocio Estrada Ortega aparece que su último trabajo fue en la ciudad de México, sin especificar de qué, y se indica que tiene maestría y doctorado en Derecho Penal, pero no acredita haber ejercido en el área.
Ulises Sandoval Catalán fue director de Investigación y Control de Procesos de la Vice Fiscalía de Investigación 2022. Cédula de maestría en Derecho Procesal Penal, en trámite.
Armando Ramírez Martínez maestría en Derecho Penal, no acredita haber ejercido en la materia.
Miguel Alcaraz Vázquez tiene maestría en Criminalística y se ha desempeñado como policía.
José Balbuena Herrera tiene maestría en Derecho Constitucional Electoral, se ha desempeñado como asesor jurídico en diversas instituciones, si último cargo fue en la Defensoría Pública.
Porfirio Mercado Bacho, cuenta con maestría en Derecho Civil, curso en juicios orales, en el 2001 fue agente del Ministerio Público.
Antonio Sebastián Ortuño se ha desempeñado en diversos cargos en la Fiscalía General del Estado.
Crisóforo Agustín Ibáñez Morales, es maestro en Derecho Penal, pero no acredita haber ejercido en la materia.
Hugo Ignacio Clemente Quiterios, no acredita conocimientos especializados, ni ejercicio en materia penal.
Jaime Alvarado López, tiene maestría en Derecho Penal que no acreditó, que desde el año 2002 es abogado postulante.
Rodrigo González Ramírez, aparece que desde el año 2015 ha laborado en el estado de Michoacán y acreditó su maestría en derecho penal.
Gregorio Alarcón Ávila, se ha desempeñado en diversos cargos en la Fiscalía del Estado.
Fanny Ruth Lara Figueroa, desempeñado en la Comisión de Derechos Humanos y no acredita haber ejercido en materia penal.
Antonio Nogueda Téllez se presentó con Doctorado en Derecho Penal; es abogado litigante, pero sin acreditar ejercer derecho penal.
Gustavo Ramírez Rosas es militar en activo y funge como vicefiscal de Prevención y Seguimiento en la FGE.
Rodrigo Reyes Rodríguez, abogado postulante, doctorado en derecho penal.
Ugenio Ramírez Navarrete, título de maestría en derecho penal en trámite y no acredita haber ejercido en materia penal.
Roxana Olea Apátiga, con grado de maestría en derecho procesal penal, doctorado en derecho Penal, ex agente del ministerio Público y asesora jurídica.
Pablo Ricardo Andalón Sotelo, aparece sin observaciones.
Francisco Jaimes Brito aparece con INE del estado de Morelos desde el 2018, su cédula de licenciatura fue expedida en 2018 y maestría en derecho penal del 2005, tampoco acreditó ejercicio en la materia
Efraín Lara Agüero sus observaciones son que no acredita conocimientos especializados, ni ejercicio en la materia penal.
María Eugenia Morales Rivera, maestría en Seguridad Pública y Políticas Públicas, no acredita ejercicio en materia penal.
Miguel Alejandro Guizamo Jaimes, actual Fiscal Especializado en Delitos Electorales designado en el año 2022.
Ricardo Terrones Pérez, subdirector en la Secretaría de Gobernación en ciudad de México se presentó con maestría en derecho penal, pero no acredita haber ejercido en la materia y, por último, Daniel Chaua López, subsecetario de Asuntos Agrarios en el Estado y se presentó con maestría en Derecho Procesal Constitucional.
Con esa lista de los 32 aspirantes, de acuerdo a lo legal, la gobernadora, Evelyn Salgado tiene 10 días para enviar al Congreso una terna, recibida la terna, el Congreso hará comparecer a los aspirantes, para en un término de 10 días designar a quien será el Fiscal General del Estado.
Si la Gobernadora no envía la terna, el Congreso del Estado deberá designar al Fiscal General, entre todos los aspirantes y, sí el Congreso al recibir la terna no designa al Fiscal en el término de 10 días, la Gobernadora designará al Fiscal General de entre los que integren la lista de 10 de la terna.