La Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero (APEG) repudia el despido de un grupo de trabajadores del periódico El Sur, tanto de Acapulco como de Chilpancingo, porque no se justifica en ninguna circunstancia.
La empresa argumenta que atraviesa una crisis económica a causa de la falta de pago de convenios publicitarios por parte del gobierno del estado y del ayuntamiento de Acapulco, que la obliga a reducir su planta laboral, pero esto de ninguna manera puede ser motivo de que se deje sin empleo a trabajadores que son sustento de sus familias.
En caso de ser cierta esta situación –la cual contradicen sus planas llenas de publicidad–, deja muy mal parada a la empresa, ya que cualquier medio que se precie de apegarse a los tres principios básicos de la ética periodística (crítica, independencia y compromiso social), debe de basar su economía en su circulación y en la publicidad comercial, y no en un esquema de ingreso cuestionable por derivar de la relación perversa de la prensa con el poder.
Quienes dirigen El Sur no deben de olvidar que sus principales clientes son los lectores, no el gobierno, debido a que el deber esencial del periodismo radica en mantener informada a la ciudadanía, no en hacer publicidad a la clase política y mucho menos servirle de altavoz. Aquel que invierte esta fórmula, deja en automático de llamarse periodista y se convierte en publicista.
Por tanto, los únicos culpables son los directivos de la empresa a quienes faltó voluntad y creatividad para enfrentar la presunta crisis con alguna medida que no recayera en el eslabón más débil de la cadena informativa, el reportero, y que afecta de manera directa la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a recibir información de calidad. No se necesita ser docto para encontrar alternativas para ahorrarse lo que se van a ahorrar con el despido de los compañeros.
Peor aún. La forma en que los despidieron exhibe la imagen incongruente de un medio que se asume aliado de las causas justas de la sociedad y defensor de los derechos humanos, pero que en los hechos comete atropellos atroces en contra de sus propios trabajadores.
En el caso de la reportera Beatriz García, el abogado de la empresa la abordó, sin previo aviso, cuando ella llegó a las oficinas y le dijo: «Te digo o ya sabes, para ahorrarme el choro». Y sin más, le dijo que ella era una de las elegidas y que ése era su último día de trabajo.
Pero lo que mejor refleja la doble moral de El Sur, es el caso del fotorreportero Eric Chavelas, a quien, además de correr con la misma prepotencia, pretenden reconocerle sólo ocho años de antigüedad, cuando en realidad lleva 21 años laborando en la empresa.
Cabe destacar que la empresa argumenta una crisis económica, a pesar de que en los últimos años ha registrado un evidente crecimiento económico, que le permitió cambiar su impresión de una sola tinta (negro) a color, en la edición impresa, así como abrir una oficina en la Ciudad de México, la tercera con que cuenta la empresa. Además, es del dominio público, que los directivos gozan de una bonanza económica, lo cual derriba la versión de las crisis económicas recurrentes del medio, a partir de las cuales han realizado una serie de despidos cíclicos.
Pero quizá el aspecto más repudiable de este caso es el engaño de que fueron objeto los trabajadores, ya que, en una primera reunión, el 14 de agosto, para informar de la situación, los directivos establecieron una serie de compromisos que no cumplieron, entre los cuales estaba publicar un informe a los lectores de la supuesta crisis, cosa que, hasta la fecha, ya con diez despedidos, no han hecho. También se les ofreció a los trabajadores la opción de tomar «un año sabático» sin goce de sueldo, pero sin perder la antigüedad laboral, cosa que tampoco se cumplió.
Pero el caso que exhibe con mayor nitidez a la empresa es el de José Luis Arellano, del área administrativa, con siete años de antigüedad, quien fue notificado verbalmente a mediados de julio por su jefa, Maribel Gutiérrez, editora y esposa del director Juan Angulo Osorio, de que estaba despedido, por lo que él dejó de presentarse a laborar. Hasta la fecha, José Luis sigue en la indefinición, pues, aunque se ha comunicado con los abogados, éstos se niegan a liquidarlo conforme a la ley.
Ante esta situación, reiteramos a los compañeros despedidos nuestra solidaridad y nuestro compromiso de acompañarlos en este proceso, y a la ciudadanía la convocamos a estar atentos a su desarrollo, porque también constituye un atentado a la libertad de expresión.
Atentamente:
Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero (APEG)