La iniciativa busca garantizar que los pacientes no interrumpan sus tratamientos por falta de recursos.
La diputada del PT, Leticia Mosso Hernández, presentó una iniciativa de adición a la Ley de Bienestar del Estado, para la creación de un programa de transporte público gratuito y apoyo económico mensual para pacientes con cáncer y sus familiares, con el objetivo de facilitar su traslado a hospitales y centros de tratamiento en las ocho regiones de Guerrero; “que la pobreza no sea un obstáculo para salvar su vida”, expresó la legisladora.
De acuerdo con la propuesta, el programa se sustentaría en dos componentes, la gratuidad del transporte público urbano y suburbano, en rutas que conecten comunidades con hospitales, clínicas y centros de atención oncológica y el otorgamiento de un apoyo económico mensual para cubrir gastos de traslado intermunicipal o foráneo cuando el tratamiento médico así lo requiera.
La iniciativa establece que para acceder al beneficio éste sea rápido y sin requisitos burocráticos, limitándose a la presentación del diagnóstico médico y la identificación del paciente y su acompañante, para agilizar el acceso el apoyo y garantizar que lo reciban las personas que realmente lo necesiten.
La operación estaría a cargo de la Secretaría de Bienestar, la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad y la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, en coordinación con los ayuntamientos y concesionarios del transporte público, quienes deberán establecer mecanismos de cooperación y rendición de informes periódicos sobre los resultados del programa, para que la titular del poder Ejecutivo haga la evaluación respectiva y en lo sucesivo, amplíe la cobertura y fortalezca el presupuesto a este rubro.
De acuerdo con el INEGI, en 2020 el cáncer representó una de las principales causas de muerte infantil y en adultos mayores de 60 años en México, siendo los más comunes el de mama, próstata, leucemia, mieloma múltiple y linfoma, destacó Mosso Hernández.
La propuesta enfatiza que la falta de recursos económicos no debe convertirse en una sentencia de muerte para las personas que enfrentan esta enfermedad. Por ello, plantea que el gobierno estatal asuma la responsabilidad de garantizar la continuidad de los tratamientos de pacientes que deben trasladarse fuera de su comunidad para recibir atención médica.