Entre 50 mil a 250 mil pesos, cuesta la vida de menores de 12 a 15 años, que son vendidas por sus padres en comunidades indígenas en la región de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, mismas que a lo largo de su vida conyugal, son víctimas de todos los tipos de violencia, a pesar de haber una Ley contra la Trata de Personas que rige en la entidad.
En lo que fue el cuarto y último día de la jornada informativa llevada a cabo por integrantes de la Comisión de Seguimiento de la Alerta de Violencia de Género, sobre las preocupaciones y recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), se dio a conocer que a pesar de las enmiendas positivas al artículo 45 de la Ley General de los Derechos de los Niños y Adolescentes, a nivel estatal no hay una aplicación efectiva de esta disposición y se continúan registrando matrimonios forzados en comunidades indígenas principalmente.
Hermelinda Tiburcio Cayetano, representante de la organización Kinal Antzetik, señaló que dentro de su agrupación han podido documentar esta situación de matrimonios forzados, tras la venta de niñas principalmente, en zonas indígenas, en municipios como Metlatonoc, Cochoapa el Grande, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca entre otros.
En Guerrero, existe una ley de trata de personas, que no aplica en las comunidades, ya que quienes son las encargadas de atestiguar esta venta, son los propios comisarios municipales, cuentan el dinero o sirven de intermediarios, cuando los padres de la menor consideran que es muy poco lo que están pagando por ella o viceversa, comenta la activista.
Tiburcio Cayetano comentó que, a través de su organización, han tratado de concientizar a la gente de las comunidades, sobre lo negativo de esta práctica, través de actividades como la puesta de obras de teatro, “pero somos amenazadas por las propias autoridades comunitarias porque muchas veces los presidentes municipales en lugar de ayudar a las mujeres, son los que llaman al padre de los menores para llegar a acuerdos cuando no hay pago supuestamente justo”.
En las comunidades indígenas, el precio de las menores, cuyas edades van de los 12 a los 15 años, va de los 50 mil, 150 hasta 250 mil, y es una situación preocupante subraya Hermelinda Tiburcio, al observar que las leyes no se aplican en las comunidades indígenas; cuentan con testimonios – en videos, fotografías, han presenciado algunas ceremonias-, por lo que urgió la necesidad de que se vigile la aplicación de la ley y se castigue a quien no lo haga.
La mayoría de estas menores, son víctimas de violencia –de todos sus tipos- señala Tiburcio Cayetano; en su organización, muchos de los casos de procuración de justicia, se trata de mujeres que en su infancia o juventud fueron vendidas y durante todo su proceso de vida fueron maltratadas “porque el marido la compró, tiene un signo de pesos”.
No hay documentos oficiales que avalen estos matrimonios, pero hay jueces que acuden a las ceremonias a celebrarlos, a cambio de un pago, también económico, aunque no levanta ni entrega ninguna constancia o acta que documente el enlace matrimonial, del registro civil, mucho menos, no hay personal asignado en las comunidades.
En Chimalapa, municipio de Igualapa en la región de la Costa Chica, se da esta misma práctica refiere Rosa Lilia Guillén del Grupo Interdisciplinario para la igualdad A.C. Es una práctica muy arraigada, incluso menciona que como organización sostuvieron un enfrentamiento con un hombre que argumenta que “es su derecho hacer eso”, de vender a las niñas, y no por que fueran a darles información, lo iban a dejar de hacer.
Con información de
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