Es tan acelerada la dinámica y operación del crimen, que a los pocos días de haberse cometido un asesinato pasa de inmediato a formar parte de la estadística, pero no de las investigaciones que conduzcan a la captura de los responsables. Y los actores del poder y opositores, sumados a la propia apatía ciudadana, se suman a este acuerdo tácito de silencios. El Estado lo aprovecha no solo para remarcar su propia incompetencia sin reclamos, sino para fomentar y alentar el estado de la impunidad que lo desborda. No es un problema de izquierdas o derechas, sino de una cultura política pervertida desde sus orígenes. Y que alcanza por igual, a todos los que “procuran” una aplicación rápida y expedita de la justicia. Pero a eso nos han acostumbrado. El repaso es apenas, referencial.
FISCALÍA DE OROPEL. – A la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos Salmerón, la acosan los delitos. Y el tiempo que se ha convertido en su mejor aliado para no resolverlos. Abandonar con indolencia las carpetas de investigación, en los fríos sótanos de la Fiscalía que dirige. Se lee así:
1.- Sandra Luz tomó protesta el 28 de diciembre del año pasado, una efeméride catalogada como “de los inocentes”. Ocho días después —el 5 de enero de 2022— le estalló su primera bomba política: en Tixtla fue asesinado a balazos el tres veces aspirante priista a esa alcaldía, Saúl Nava Astudillo. El inmolado era familiar del ex gobernador Héctor Astudillo y su último cargo en ese gabinete había sido como delegado administrativo de la Secretaría de la Mujer. De hecho, firmó el documento que reconocía la renuncia a tiempo de la actual gobernadora Evelyn Salgado, a su condición de funcionaria de esa dependencia, el 30 de noviembre de 2020, lo que la autorizaba a participar en la elección de gobernador del año pasado. La fiscal no ha resuelto ese caso.
2.- Vino después el secuestro y ejecución del empresario farmacéutico en Acapulco, Roberto Morales Silva. Fue encontrado el 9 de enero en Paso Texca, una comunidad cercana al puerto.
Cuando los policías ministeriales llegaron al lugar donde los homicidas abandonaron su cuerpo, sus familiares ya se lo habían llevado. La fiscalía general del estado (FGE) nunca ubicó a los homicidas. El amigo tiempo se encargó de lo demás. Pero el desgaste de la fiscal comenzaba a vislumbrarse. Nadie podía exigirle cuentas, porque aparece como “recomendada” del presidente AMLO. Y la gobernadora Evelyn Salgado decide, para “llevar la fiesta en paz”, tomar distancia de ella. Aunque los hechos criminales también la golpeen.
3.- Otro crimen de alto impacto fue el del dirigente transportista Francisco García Marroquín, asesinado a balazos la tarde del 31 de mayo en la céntrica avenida Lázaro Cárdenas de Chilpancingo. Dos motosicarios le dispararon a quemarropa cuando conducía su vehículo. A pesar de tratarse de un asunto criminal ligado a la sofisticada y variopinta la red de intereses que inoculan al transporte público de la zona centro, la fiscal de plano, no ha dado ninguna luz sobre dicho homicidio. El impacto del crimen duró lo que los medios de comunicación y las redes sociales, tardaron en sacarlo de la esfera de la nota dura. Para beneplácito y consuelo de la fiscal. Y ninguna cámara de seguridad funciona en Chilpancingo.
4.- La madrugada del pasado 31 de julio, el presidente de la Asociación de Bares y Discotecas de la Costera Miguel Alemán, Jesús Rivera Rojas fue asesinado a balazos cuando se disponía a subirse a su automóvil, un BMW azul. Salía del bar Las Tóxicas, de su propiedad. Varios pistoleros lo sorprendieron y lo atacaron a balazos. Los empresarios porteños mostraron de inmediato su inconformidad. Pero acostumbrada a su rutina de guardar silencio, la FGE no informa nada. A ese delito se sumó el de Alvar Núñez Sánchez, apenas el pasado 3 de agosto. Fue ejecutado a tiros al interior de un billar en Chilpancingo y era sobrino del fundador del Morena en la entidad, César Núñez Ramos. La Fiscalía cerró —por lo menos hasta hoy— con el show grotesco y ridículo, de la detención y posterior liberación de dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio. La fiscal Valdovinos, no resuelve homicidios del fuero común. Menos los de alto impacto político. Pero le encanta el circo mediático.
HOJEADAS DE PÁGINAS…Apenas un juez logró una pírrica sentencia de 13 años y cuatro meses de prisión para Roberto Barrera García, El Chinicuil, el homicida que disparó contra el periodista y exdirector del portal Dos Costas Guerrero, Alfredo Cardoso Echeverría, y el gobierno federal lo celebró con un entusiasmo desmedido. Pero cualquier sentencia por homicidio calificado alcanza fácilmente los 20 años de prisión. Con ello, el presidente AMLO le sigue quedando a deber a la prensa. La sigue percibiendo con recelo. Y la mayoría de los homicidios contra comunicadores del país, siguen esperando una justicia que no llega.