Proponen iniciativa contra matrimonios forzados y dote en comunidades indígenas 

De acuerdo con un comunicado, la diputada promovente de dicha iniciativa, Erika Valencia Cardona alertó que México es el segundo país que más víctimas de trata provee a Estados Unidos y el principal consumidor mundial de personas en situación de trata con cualquier fin, pues más de 30 mil menores son víctimas de este delito con fines de explotación sexual, 80 por ciento de ellos entre 10 y 14 años de edad.

En Guerrero –indicó- el Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, ha denunciado públicamente que en la montaña de Guerrero, la marginación y pobreza extrema, orilla a algunos indígenas nahuas, mixtecos, amuzgos y tlapanecos, a vender “por usos y costumbres”, a sus hijas cuando cumplen 12 años.

 “Sus padres las entregan en matrimonio a cambio de una dote, que se traduce en especie o en dinero en efectivo”.

La diputada morenista agregó que Tlachinollan documentó denuncias por la entrega de las hijas de entre 12 y 15 años de edad a cambio de dinero, y en algunos casos, las jóvenes son llevadas a las familias de sus novios a cambio de una dote de 100 mil pesos, acto que se traduce en un comercio, mismo que propicia violencia familiar, pues los novios consideran a las mujeres un objeto de su propiedad.

“La venta de niñas se mantiene en municipios como Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Atlixtac y Acatepec, considerados entre los más pobres del país”, relató la diputada, quien dijo, al menos 300 mujeres han sido dadas en matrimonio sin su consentimiento, a cambio de una dote. En el caso de las niñas y adolescentes que son forzadas a un matrimonio, 49 por ciento sufre violencia física, 68 por ciento, violencia sexual y 16 por ciento violencia económica.

Valencia Cardona recordó que en Guerrero aun cuando la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas y para la Protección, Atención y Asistencia de las Víctimas, Ofendidos y Testigos de estos delitos, establece una pena de 4 a 10 años de prisión y de 200 a 2 mil días de multa, además de la declaratoria de nulidad de matrimonio, al que obligue a contraer matrimonio a una persona a cambio de pago en dinero o en especie entregada a sus padres, tutor, familia o a cualquier otra persona o grupo de personas que ejerza una autoridad sobre ella; obligue a contraer matrimonio a una persona con el fin de prostituirla o someterla a esclavitud o prácticas similares; ceda o trasmita a una persona a un tercero, a título oneroso, de manera gratuita o de otra manera, en la Montaña de Guerrero siguen los matrimonios forzados, a cambio de una dote.

Por ello consideró necesario que en este apartado, se incluya a los pueblos originarios, a fin de que ayuden a la prevención del delito de trata de personas.

Con esta reforma, aclaró, no se busca impulsar la desaparición de las tradiciones de los pueblos, ni imponer a los pueblos originarios lineamientos cuando estos tienen el derecho de regirse por sí mismos, “lo que se busca es establecer las bases mínimas para que los pueblos puedan ir erradicando el delito de trata de personas en sus comunidades así como el matrimonio forzado o a cambio de una dote”.

Valencia Cardona reconoció que en los pueblos de la Montaña de Guerrero, el problema es grave y representa una violación a los derechos humanos de la niñez y juventud, por ello mencionó que la finalidad de su iniciativa es erradicar y prevenir el delito de trata de personas en los pueblos originarios, así como los matrimonios forzados y la práctica de la dote como negocio.

Con dicha reforma se busca que las autoridades y dependencias estatales y municipales coadyuven con las asambleas de los pueblos originarios para prevenir y erradicar la trata de personas, especialmente en los matrimonios forzados y en la práctica de la dote; la asamblea de los pueblos originarios, de acuerdo a sus usos y costumbres, participaran en sus respectivas comunidades, en la prevención y erradicación de la trata de personas, así como el matrimonio forzado.