Encabezados por el Presidente de la Dirección Central Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alberto Catalán Bastida, este día representantes del partido acudieron ante el Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC), para iniciar un recurso de queja contra el dirigente estatal del partido Morena, Jacinto González Varona, por calumnias y difamaciones.
La semana pasada, el dirigente de Morena en Guerrero, Jacinto González, defendió las políticas de seguridad del gobierno estatal y rechazó que desde la administración pública estatal se apoye a un grupo delictivo, tal y como sugirió una nota del periódico Reforma; González Varona sugirió posibles nexos entre grupos delictivos y municipios gobernados por los partidos de PRI, PRD y Partido Acción Nacional (PAN).
“Han iniciado una campaña de calumnias y desprestigio en contra del Partido de la Revolución Democrática (PRD), esto por supuesto, con la finalidad de mermar la participación en nuestro partido en las elecciones que ya empiezan este año. Esta campaña busca que los simpatizantes de Morena difundan un mensaje de odio y rechazo hacia nuestro instituto político”.
“Estas aseveraciones carentes de pruebas y sustentos, generan implicaciones graves para la seguridad de nuestros presidentes municipales y el cabildo en general (…) Podrían ser víctimas quienes integran el cabildo, quienes pertenecen a la administración pública municipal y por supuesto los propios presidentes municipales, de verdad de los grupos criminales que se puedan dejar llevar por estas simples declaraciones que hace el dirigente de Morena en Guerrero”.
Respecto a los presuntos vehículos de alcaldes perredistas con el crimen organizado, en la región Tierra Caliente de Guerrero, Alberto Catalán manifestó que deberán de ser las autoridades de justicia las que determinen si existen los elementos para proceder contra los ediles.
Advirtió que su partido no será “tapadera de nadie” pero pidió que sean las instituciones de justicia y no los medios de comunicación u otros partidos políticos, los que determinen las actuaciones de los ediles.
