El 15 de octubre de 2021, durante su toma de protesta como gobernadora de la entidad y ante los diputados de la LXIII Legislatura local e invitados especiales, la maestra Evelyn Cecia Salgado Pineda anunció que uno de los ejes centrales de su gobierno será el combate frontal a la corrupción, “tope donde tope”. Y lo está cumpliendo.
Durante una conferencia de prensa la mañana de este jueves, el secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Eduardo Loria Casanova, dio a conocer que dentro del programa permanente de combate a la corrupción, instruido por la titular del Poder Ejecutivo estatal, se realizó una auditoría al Organismo Público Descentralizado (OPD) Colegio de Bachilleres del estado de Guerrero, encontrando 17 observaciones que suman un monto aproximado de mil 300 millones de pesos en los ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021, periodo en el que fungió como titular Fermín Gerardo Alvarado Arroyo.
Resulta que don Fermín Alvarado incumplió con el pago de impuestos y prestaciones sociales por 813 millones de pesos, y por entregar 140 plazas no autorizadas por 120 millones de pesos.
Y eso no es todo. El también ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y ex diputado local y federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) entregó bases y recategorizaciones no autorizadas e improcedentes por 108 millones de pesos, dentro de los cuales, hubo 87 basificaciones.
De las 87 bases que entregó el ex director general del Colegio de Bachilleres, 15 corresponden a familiares.
Al interior del Cobach-Guerrero siempre fue un secreto a voces que Alvarado Arroyo se sirvió con la cuchara grande y practicó muy bien el nepotismo.
El titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental indicó también que el ex funcionario realizó pagos indebidos a una empresa por 20 millones de pesos.
La noche del miércoles y horas antes de que Loria Casonova diera la conferencia de presa, la Dirección General del Colegio de Bachilleres informó a través de un comunicado en las redes sociales que “ejecutó la cancelación de 87 plazas de base y la baja de nómina de estas”, ello –señaló– en acatamiento a la instrucción que determinó la Junta Directiva de este OPD en su última sesión extraordinaria.
La Junta Directiva es el máximo órgano del Colegio y sólo cumplió puntualmente la resolución de la auditoría en materia administrativa y financiera, implementada por la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental.
Al cancelarse las 87 plazas otorgadas de manera irregular por Fermín Alvarado, se suspenden en automático los pagos que por ese concepto recibían los familiares y amigos del cuestionado ex funcionario priista.
El 29 de octubre de 2021, días después de haber sido designado director general del Colegio de Bachilleres en la entidad, Jesús Villanueva Vega informó que recibió una institución “prácticamente en quiebra” y con un desfalco financiero de aproximadamente 986 millones de pesos que corresponden a obligaciones fiscales (ISR, cuotas al ISSSTE, Fovissste y juicios laborales).
Eso lo dio a conocer durante el Congreso General Ordinario del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), en Chilpancingo, y en el que, además, advirtió:
“Ese tema está con las autoridades de la Auditoría Superior de la Federación y conociendo el tema les digo que esto no se va a terminar aquí, el procesamiento continúa y por supuesto que habrá consecuencias”. (El Sur, 30-X-2021).
Sobre advertencia, no hay engaño. Y las consecuencias ahí están.
Fermín Alvarado tendrá que ser sancionado por su mal proceder al frente del Colegio de Bachilleres en la entidad.
Desde luego que se defenderá legalmente. Pero las tiene todas de perder. Y en este momento nadie quiere estar en sus zapatos. Ni siquiera su partido lo respalda.
Bueno, así lo dio a conocer este jueves el dirigente del tricolor en la entidad, Alejandro Bravo Abarca, quien en entrevista para el portal de noticias “Ahora Guerrero” dijo:
“No podemos meter las manos al fuego, no por Fermín (Alvarado Arroyo), sino por nadie, uno tiene que ser responsable de sus actos”, sentenció. ¡Zas!
No es la primera vez que el nombre de Fermín Alvarado genera polémica en la opinión pública.
En 2005, el entonces gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo, determinó no ratificarlo como magistrado del Tribunal Superior de Justicia, decisión que comunicó al Congreso local y el Pleno la ratificó. Y por más que el oriundo del barrio acapulqueño de “El Teconche” luchó para ser reinstalado como magistrado, el Congreso le dio un portonazo de nueva cuenta el 27 de marzo de 2014.
¿Y saben por qué? El personaje de marras no cumplió con sus labores como integrante del Poder Judicial guerrerense y estuvo el mayor tiempo enfocado a actos partidistas, además de que siempre estaba ausente de su lugar de trabajo. Pero esa es otra historia…
Lo cierto es que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda va muy en serio en el combate a la corrupción, lo cual es un buen acierto para ella y para su gobierno.
¿O usted qué opina, amable lector?
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