Directores, directoras y representantes sindicales de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), manifestaron su respaldo a la reforma a los artículos 28 y 29 de la Ley Orgánica de la institución y llamaron a las diputadas y diputados del Congreso local a aprobarla.
Durante una conferencia de prensa en la facultad de Arquitectura en Chilpancingo, los directivos de la región Centro subrayaron que el dictamen aprobado por el Consejo Universitario el 9 de septiembre plantea ampliar el periodo del rector de cuatro a seis años, lo mismo que las gestiones de directores y directoras, así como de órganos de gobierno.
El director de la Facultad de Derecho, Antonio Sotelo, señaló que la propuesta armoniza la legislación universitaria con la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en materia de no reelección, con el propósito de que “los valores de democracia, transparencia y rendición de cuentas prevalezcan también en la vida universitaria”.
Precisó que la reforma es de carácter prospectivo, lo que significa que los actuales directores permanecerán en su encargo hasta 2028 y el rector concluirá funciones en 2027.
“Su finalidad es garantizar estabilidad institucional, planificación a largo plazo y fortalecer la gobernanza universitaria para las futuras generaciones”, expresó.
Sotelo aseguró que el Consejo Universitario tiene facultades jurídicas y morales para presentar reformas ante los poderes del estado y que el proceso respeta la autonomía de la UAGro, al ser una decisión de los 195 consejeros universitarios elegidos mediante voto libre, directo y secreto. “La decisión es una voz genuina de la voluntad universitaria”, afirmó.
Añadió que no es “jurídicamente necesario recurrir a un congreso o a una consulta directa para aprobar la reforma”, ya que la ley vigente contempla estos mecanismos como optativos.
A nombre de los directores de la región Centro, sostuvo que defenderán la autonomía de la institución: “Nuestra universidad no es un espacio para la lucha de intereses personales ni para ambiciones de poder, es un patrimonio colectivo”.
En el mismo sentido, líderes sindicales y estudiantes reiteraron su respaldo al dictamen y pidieron al Congreso dar trámite legislativo a la propuesta enviada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.