Escribe: Dip. Jacinto González Varona
El Estado garantiza la libertad de expresión de cada una y uno de los mexicanos, al consagrar en su artículo 6° Constitucional lo siguiente: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado”.
Es un derecho humano el acceso a la información y, por ello, quienes difunden sus ideas y opiniones deben garantizar en todo momento no violentar los derechos de las personas a estar informadas. La responsabilidad de ser figura pública, de la índole que sea, implica respeto, responsabilidad y sobre todo conocimiento de lo que se difunde, para que las personas, podamos tener información valida, fehaciente y sin violentar principios constitucionales establecidos en nuestras normas.
Sin duda, la Iglesia es un referente importante en la composición social de las naciones, y México no es la excepción, tan es así, que el artículo 130 Constitucional da cuenta de esa separación histórica del Estado y las iglesias, quienes deberán sujetarse las leyes, en el ejercicio de sus funciones. En otras palabras, recordamos las palabras bíblicas “Dad al César lo que es del César y a Dios, lo que es de Dios”.
Y con el respeto que se merece el Señor Obispo Salvador Rangel, debe atender sus deberes y temas de la Iglesia, y atender a los fieles en los quehaceres eclesiásticos, aumentar su fe y lo que corresponda; pero no puede en una clara intromisión a los asuntos del Estado, desde su postura de “guía espiritual” y figura pública, incitar con sus declaraciones irresponsables, a todas luces marcadas con el resentimiento y protagonismo político a manifestar lo que el día de hoy y en otras tantas declaraciones a medios a referido, en cuanto a que, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, con la consulta de revocación de mandato, está preparando a México para un “golpe de Estado Democrático”, (Sur Acapulco), que se le diga al Señor Obispo, que la revocación de mandato es una forma de participación ciudadana, la forma que la ciudadanía tiene para aprobar o no el trabajo de quienes eligen y les representan en los diversos órdenes de gobierno.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) define a la revocación de mandato como una figura democrática con la que las y los ciudadanos eligen si un funcionario electo para cierto periodo continúa o no su mandato. “Es decir, se pretende darle poder al ciudadano para que califique a su representante y decida si lo mantiene en su cargo”; así lo establece el artículo 35 fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por ello exijo al Obispo Rangel, que no mal informe a la población, que sea respetuoso de los asuntos del Estado, que deje de incitar de forma negativa a la población y se dedique a sus ocupaciones como líder de la fe, y deje al Estado gobernar , y atender los asuntos políticos y sociales de todas y todos los guerrerenses.
Considero que el Obispo ha sido irresponsable al preguntársele y responder como lo refiere la publicación de El Sur, del día 14 de marzo, en la que se le atribuye una opinión sobre la iniciativa de reforma al artículo 14 de la Constitución del Estado, en el que se le atribuye el comentario de: “…Ahí están las policías comunitarias están muy metidas en el narcotráfico”… “ojalá se pongan listos los diputados, la misma gobernadora, al aprobar estas leyes para las policías comunitarias. Ojalá no estén aprobando a los narcotraficantes, que bien sabemos están metidos” …
Decirle al Señor Obispo que, como diputado, desconozco quiénes son y dónde están las personas que refiere como “narcotraficantes”, y a la vez lo invito a que, como ciudadano, si tiene la información y pruebas, denuncie y colabore con las autoridades… Ahí sí puede ejercer su derecho a la denuncia, en lo individual y como persona, sin la envestidura eclesiástica.
Las Leyes de Reforma delimitaron muy bien los espacios y atribuciones del Estado y de la Iglesia, y hoy en Guerrero el Señor Obispo Rangel, debe tenerlo en claro.