El caso del exdirector del zoológico Zoochilpan quedó en manos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado, informaron autoridades esta tarde.
A través de una videoconferencia transmitida vía Facebook, Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMAREN), Ángel Almazán Juárez, acompañado del Contralor del Estado, Eduardo Loría Casanova así como del director de Comunicación, René Possetl Aguirre, informó que se investiga la presunta desaparición e intercambio de animales que podrían constituir la violación a la Ley General de Vida Silvestre y Ley de Bienestar Animal, así como el presunto desvío de recursos públicos por parte del médico José Rubén Nava Noriega.
“El Gobierno del Estado de Guerrero refrenda el compromiso de proteger la vida silvestre, así como combatir la corrupción y la impunidad, para continuar en la ruta de transformación que merecen las y los guerrerenses”, dijo Almazán Juárez.
Subrayó que las denuncias de malos manejos y negligencia en el Zoochilpan no son de carácter personal sino a petición de grupos de ambientalistas.
Por su parte, el contralor Eduardo Loria dijo que el proceso de investigación se encuentra en la etapa de pruebas, sin embargo, mencionó que las posibles faltas en las que pudo haber incurrido el exdirector del zoológico de Chilpancingo, son mala conducta y omisiones institucionales.
Explicó que sobre las omisiones institucionales se investiga que la donación, permuta, transferencia o intercambio de fauna silvestre se haya hecho con la anuencia de la Semaren como indica el organograma.
Expuso que la Profepa analiza la negligencia médica en la que pudo haber incurrido el veterinario José Rubén Nava Noriega.
“Hay dos supuestos intercambios de animales pero no se logró identificar ni el dinero que hubo a cambio por la venta de algunas especies, y en el otro caso, no hay evidencia del intercambio que se hizo por equipos para trabajo, no hubo ingreso, lo que se puede tipificar como desvío de dinero”, dijo Loria.
Agregó que el exdirector no tenía registradas todas las especies como lo indica la ley además de que el traslado de especies no se llevó a cabo conforme a la norma, lo que encuadraría en el tráfico ilegal.
Por último, mencionó que se inició una auditoría al parque y de los resultados podrían derivar en sanciones administrativas y penales.