CRAC-PC-PF y CIPOG-EZ acusan ataque del grupo criminal que opera en la región Centro del estado y afirman haber retomado el control de la comunidad
Un enfrentamiento armado de más de diez horas entre policías comunitarios y presuntos integrantes de un grupo criminal, dejó un saldo de tres comunitarios asesinados, entre ellos el hijo del comisario de Amatitlán, así como al menos siete personas heridas de gravedad, en la comunidad de Ayahualtempa, municipio de Chilapa de Álvarez.
De acuerdo con autoridades pertenecientes a la Coordinadora Regional de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF) y al Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), la agresión ocurrió la mañana del viernes 31 de octubre, cuando representantes comunitarios de Amatitlán y de los Pueblos Fundadores ingresaron a Ayahualtempa para participar en una asamblea previamente acordada. Afirman que fueron recibidos a balazos por presuntos sicarios, que pertenecen a un grupo al que señalan por asesinatos, secuestros y extorsiones en la zona.
Tras la agresión, elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército realizaron un operativo que derivó en la captura de tres presuntos líderes delincuenciales. Paralelamente, la policía comunitaria detuvo a 14 personas más, quienes, según la CRAC-PC-PF, serán sometidas a procesos internos de reeducación establecidos por las asambleas indígenas del territorio.
Entre los detenidos se encuentra Luis Morales Rojas, a quien las autoridades comunitarias acusan de infiltrarse en la estructura de seguridad de Ayahualtempa para operar a favor del crimen organizado.
Durante el ataque, también se reportaron impactos de arma de fuego en la camioneta del defensor de derechos humanos Jesús Plácido Galindo, beneficiario del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, por lo que el hecho fue calificado como un atentado directo en su contra y la de sus escoltas.
Las organizaciones indígenas señalaron como principal responsable de las agresiones a Evaristo Bolaños de Jesús, alias El Mariguano o El Maizero, quien habría mantenido bajo sometimiento a pobladores y autoridades locales, presuntamente entregando víctimas al grupo criminal.
La noche del mismo viernes, una asamblea comunitaria en Ayahualtempa resolvió integrar su sistema de seguridad al de los Pueblos Fundadores, en un intento por garantizar la protección del territorio y sus habitantes.
Las autoridades indígenas insistieron en que su actuación se basa en el derecho constitucional a la autodeterminación de los pueblos originarios, así como en la Ley 701 de Derechos y Cultura Indígena de Guerrero, que reconoce sus mecanismos de seguridad y justicia. Aseguraron que la asamblea mantiene prohibidas todas las actividades relacionadas con el cultivo, consumo y tráfico de drogas.