Una jueza federal ordenó garantizar la cobertura docente en la Escuela Secundaria Técnica 295.
Niñas y niños na savi de la región de la Montaña obtuvieron un amparo que obliga a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) a asignar de manera permanente maestras y maestros en la Escuela Secundaria Técnica número 295 “Sor Juana Inés de la Cruz”, ubicada en el municipio de Cochoapa el Grande, luego de años de carecer de docentes en materias básicas.
La mañana de este jueves, un actuario judicial del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Guerrero dio lectura, en formato de lectura fácil y en lengua tu’un savi, a la sentencia emitida por la jueza federal Maribel Castillo Moreno, dirigida directamente a las niñas y niños beneficiarios del juicio de amparo 1249/2025.
De acuerdo con la resolución, la SEG, la Subsecretaría de Educación Básica y la Subsecretaría de Planeación Educativa deberán asignar de manera permanente docentes de español, matemáticas, artes y educación física, al acreditarse que la falta de personal afectó el derecho de las y los estudiantes a recibir una educación completa, digna y acorde con su cultura.
Al acto acudieron estudiantes de la secundaria “Sor Juana Inés de la Cruz”, así como madres y padres de familia que integran el comité que promovió el amparo, quienes viajaron desde Cochoapa el Grande hasta Tlapa para conocer la resolución judicial.
La lectura de la sentencia se realizó en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, mediante una videollamada con el actuario judicial.
De acuerdo a Tlachinollan, el juicio fue promovido el 21 de octubre de 2025, luego de que durante dos años las autoridades educativas no atendieran las solicitudes para la asignación de docentes. Un día después, el Juzgado Primero de Distrito admitió la demanda y el pasado 10 de diciembre concedió la suspensión provisional y definitiva, ordenando a la SEG cubrir las horas faltantes en las materias de español, matemáticas, artes y educación física.
En la resolución se estableció que no se pueden seguir vulnerando los derechos de las niñas y niños, y que la educación debe garantizarse con un enfoque intercultural que tome en cuenta la lengua y la cultura de las comunidades de la Montaña.
El abogado Baldomero Díaz,, advirtió que el incumplimiento de la sentencia puede derivar en consecuencias legales para las autoridades educativas, entre ellas multas que rondan los 127 mil pesos, inhabilitación y la apertura de carpetas de investigación.