Itzel Urieta
Un secundaria en el municipio de Tlapa de Comonfort, en la Montaña, desde hace 23 solicitó la construcción de aulas para los estudiantes, pero ninguna autoridad los ha atendido.
Se trata de la Escuela Secundaria Técnica número 229 Roberto Mejía Guzmán, ubicada en la comunidad nahua de San Pedro Petlacala, municipio de Tlapa de Comonfort.
De acuerdo con una denuncia del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, fue en 1997 que se fundó la Secundaria Roberto Mejía Guzmán con clave 12DST0249D.
Las primeras generaciones de estudiantes tomaron clases en las oficinas del Comisariado de Bienes Comunales, la Comisaría municipal y en una tienda de las llamadas Conasupo (Compañía Nacional de Subsistencias Populares).
En tanto, los pizarrones y gises los puso la comunidad, mientras las sillas y las mesas corrió a cuenta de los alumnos. A pesar de que las autoridades comunitarias realizaron múltiples solicitudes en la oficina del gobernador del Estado de Guerrero para aulas y muebles nunca los atendieron.
Desde entonces las madres y padres de familia emprendieron una lucha para la mejora de la infraestructura, pero las autoridades, a lo largo de estos 23 años han sido omisas.
Ante la desatención sistemática de las autoridades las familias se organizaron en el 2000 y 2001 para construir dos aulas, aun así, un grupo de alumnos siguió recibiendo clases en sedes alternas.
“el primer edificio que construimos en el 2001 para la escuela se encuentra en muy mal estado y representa un peligro para las niñas y niños, así como la plantilla docente. Hay fisuras muy pronunciadas en sus paredes a consecuencia de los temblores en el estado. Hay goteras y hundimiento significativo en el techo de concreto, se desprenden pequeños trozos de concreto que se desmoronan y genera polvo blanco que inhalan los niños y niñas”, denunciaron.
En los últimos años, le solicitaron a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y a su titular, Marcial Rodríguez Saldaña, para que les asignaran dos maestros de geografía, historia y formación cívica y ética.
Además de la construcción de tres aulas, una dirección, 15 computadoras e internet, 12 tambores y 12 cornetas para la banda de guerra, cinco escritorios y sillas para maestros, tres pizarrones blancos, 12 mesas binarias, 24 sillas didácticas, material para oficina y para el aseo, así como uniformes escolares de secundaria técnica. No hubo respuesta.
De acuerdo con la denuncia de Tlachinollan, las autoridades del estado y la misma SEG violan el artículo tercero constitucional donde señala que toda persona tiene derecho a la educación y el Estado debe garantizarlo.
“Las madres y padres de familia tienen la esperanza de que sus hijos continúen estudiando, pero las autoridades educativas los tienen en el abandono. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda y otras autoridades permanecen ausentes”, denunció Tlachinollan.