Más de la mitad de los países con altas tasas de feminicidio se encuentran en América Latina y el Caribe. La tendencia va creciendo y el aumento de penas no constituye solución para prevenir sancionar y erradicar esta práctica, al contrario representa una grave regresión a los derechos humanos.
Así lo señala el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres en América Latina (CLADEM) en un pronunciamiento emitido en el marco del Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y del 14 Encuentro Latinoamericano Feminista.
En el pronunciamiento el colectivo denuncia la persistencia de obstáculos en la región para el acceso a la justicia, así como los prejuicios y estereotipos en contra de mujeres y niñas y falta de medidas de protección y reparación para las víctimas.
Por ello exigen que los estados implementen políticas de igualdad de género para erradicar la violencia, que reconozcan el embarazo y la maternidad infantil forzada como una forma de tortura; el cese de persecución a defensoras de derechos humanos; revisar la legislación punitiva y restrictiva del aborto; y garantías para la participación de organizaciones de la sociedad civil en el diseño de planes y estrategias para combatir la violencia.
El CLADEM en México emitió un pronunciamiento en donde señala que la Alerta de Violencia de Género (AVG) es el único mecanismo jurídico, colectivo y ciudadano para garantizar el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres y promueve su fortalecimiento y rendición de cuentas.
Señala que la AVG es una forma de dar respuesta urgente, focalizada y específica a la violencia que se vive en distintas zonas del país y “ha permitido visibilizar la violencia feminicida, sexual, la violación a los derechos sexuales y reproductivos, la desaparición de mujeres, la criminalización del derecho a decidir, entre otras muchas realidades cotidianas de las mujeres”.
Sin embargo, reconoce que a 10 años de este mecanismo, “seguimos padeciendo la ineficacia del Estado ante la violencia estructural, la violencia contra las mujeres sigue siendo una violación generalizada y sistemática de derechos humanos”.
Por ello, explica el colectivo, se necesita de respuestas concretas, adecuadas y específicas en cada zona y que respondan a cada contexto y exigen basta de simulaciones por parte de las autoridades y rendición de cuentas de cada una de las autoridades involucradas y que se sancione a servidores públicos que por su omisión o negligencia han puesto en riesgo la vida, la seguridad y la salud de las mujeres.