En su comparecencia ante el Congreso local, el titular de la SEG detalló que las denuncias se mantienen en investigación, improcedentes o con sanciones que van desde amonestaciones hasta la rescisión laboral, y reconoció limitaciones en la distribución de materiales y en la aplicación de protocolos.
El secretario de Educación en Guerrero, Ricardo Castillo, informó que, de las 36 denuncias que han llegado a la Unidad de Igualdad de Género de la SEG, siete han sido sancionadas con amonestaciones, cambios de adscripción o rescisión laboral.
Castillo compareció este martes ante el Congreso del Estado como parte de la glosa del Cuarto Informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, donde expuso la situación de la dependencia a su cargo.
En la ronda de preguntas y respuestas, el diputado del Partido Verde, Jhiobanny Jiménez Mendoza, recordó que la semana pasada el Congreso solicitó a la SEG un informe sobre las denuncias contra personal docente y administrativo señalado de violencia y acoso escolar, al no ser información pública.
En ese contexto, pidió que se precisara el número de casos existentes, las instituciones involucradas y si las personas señaladas continúan impartiendo clases.
Al respecto, el funcionario indicó que, entre octubre de 2024 y octubre de 2025, la Unidad de Género recibió 36 denuncias en nivel básico, aunque no especificó cuántas corresponden a violencia o a acoso.
De acuerdo con Castillo Peña, de esas 36 denuncias, 19 se encuentran en investigación, 10 fueron declaradas improcedentes y siete recibieron sanción, que va desde la amonestación y el cambio de adscripción hasta la suspensión o la rescisión laboral.
El secretario explicó que los procesos se han llevado a cabo respetando los derechos de los trabajadores señalados: “Puede pensarse que un trabajador acusado de violencia o acoso no tiene derechos, pero mientras no se demuestre lo contrario, no es culpable”.
Jiménez Mendoza cuestionó también que la distribución de 9 mil libros sobre violencia de género equivalga a un ejemplar por cada 46 alumnos, considerando que el informe señala una cobertura de 416 mil 916 estudiantes.
Además, preguntó por qué en la glosa no se incluyen datos del protocolo estatal para erradicar el acoso escolar, como el número de activaciones, escuelas involucradas, niveles educativos y resultados obtenidos.
En respuesta, Castillo Peña dijo que los libros no se distribuyeron de manera masiva en todos los municipios por falta de recursos, pero que se focalizaron en aquellos con Alerta de Violencia de Género.
Añadió que la Secretaría de Educación cuenta con tres protocolos de actuación en casos de acoso escolar: uno para nivel básico, otro para nivel superior y uno en proceso de elaboración para el nivel medio superior. Estos documentos establecen los pasos que debe seguir el personal docente, las zonas escolares y las instancias a las que deben acudir cuando se presenta un caso de acoso o violencia.
El secretario reconoció que el protocolo es perfectible, pero destacó su importancia: “Es un esfuerzo de la Unidad de Igualdad de Género; puede tener aspectos que mejorar, pero sin duda es un gran avance. Hacía falta, y ya se hizo”.