En su comparecencia ante el Congreso local, la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno afirmó que la reducción de protestas deriva de intervenciones “silenciosas” y diálogo con sectores sociales; diputada del PAN advierte que la gobernabilidad no puede medirse solo por la ausencia de bloqueos.
En el primer día de comparecencias por la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, afirmó ante el Congreso del Estado que en Guerrero se han reducido en 70% los bloqueos y se ha garantizado la movilidad mediante la atención directa a grupos sociales de distintos sectores.
López Vega subió a tribuna entre abrazos de diputadas y diputados de diversas fracciones parlamentarias, y posteriormente recibió el aplauso de trabajadores que la acompañaron, lo que motivó una llamada de atención del presidente de la Mesa Directiva.
Desde tribuna, la responsable de la política interna sostuvo que “Guerrero está de pie” y que la gobernabilidad se ha sostenido a partir del diálogo con sectores productivos, organizaciones sociales, sindicatos, universidades y autoridades tradicionales en las regiones del estado, con quienes —dijo— se han articulado rutas de solución.
Afirmó que muchas de las intervenciones realizadas con grupos sociales han sido “silenciosas”, pues no se han hecho públicas, pero han permitido evitar que los conflictos escalen y que la ciudadanía se sienta escuchada.
Añadió que las manifestaciones, concentraciones y expresiones públicas deben entenderse como parte del derecho legítimo de la población a participar y ser escuchada, y no como obstáculos.
López Vega destacó que la atención temprana a las demandas sociales se ha realizado sin represión, sin exclusiones y dentro del marco legal, y que ese trabajo ha permitido la reducción de bloqueos, sobre todo en Chilpancingo y Acapulco.
Durante la ronda de preguntas, la diputada del PAN, Irene Servín Montiel, celebró que en Guerrero no se repriman manifestaciones, en contraste —señaló— con lo ocurrido en la Ciudad de México el pasado 15 de noviembre durante la marcha de la Generación Z. Sin embargo, advirtió que “la gobernabilidad no debe entenderse solo como la ausencia de movilizaciones y bloqueos, sino como la resolución de sus causas”.
Agregó que, de acuerdo con el propio informe, 54% de las movilizaciones provienen del sector educativo, lo que calificó como un síntoma de fallas estructurales que el gobierno debe atender cada año.
La legisladora también cuestionó que, aunque el Ejecutivo estatal subraya no tener recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sí existen 18 recomendaciones de la Comisión Estatal, de las cuales cuatro siguen sin respuesta o están en proceso.
“Un gobierno que se dice promotor del humanismo mexicano no puede darse el lujo de rechazar recomendaciones de derechos humanos”, reclamó.
Servín Montiel puntualizó que dos de esas recomendaciones están relacionadas con el desplazamiento forzado de 856 personas en Chilapa de Álvarez, Leonardo Bravo, San Miguel Totolapan y Coyuca de Catalán, y criticó que la respuesta principal haya sido la entrega de paquetes alimentarios.
“Una despensa no devuelve la paz, ni el hogar, ni la tierra”, expresó.
En materia de desaparición de personas, reconoció el presupuesto de 29 millones de pesos para el Centro de Resguardo Forense, pero exigió mayor celeridad y menos burocracia en la búsqueda. Señaló que durante el periodo del informe se contabilizan 590 personas desaparecidas, frente a 76 búsquedas en campo y 67 en vida.
“La crisis forense y de desaparición en Guerrero debe ser la prioridad número uno del presupuesto”, sostuvo.
Finalmente, pidió que todas las reuniones sobre desaparición incluyan a todos los colectivos, y no solo a algunos.