Madres buscadoras acusaron a Alejandro García Solorio y a la CNB de avalar reuniones con una representante que desconocen, además de señalar despidos y falta de perfiles adecuados en labores de búsqueda.
Colectivas de personas buscadoras tomaron las oficinas de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) en Guerrero y bloquearon el Paseo Alejandro Cervantes Delgado, para exigir la salida del encargado de despacho, Alejandro García Solorio.
Durante la protesta, denunciaron que el funcionario, junto con Martha Lidia Pérez Gumecindo, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, aseguró públicamente haber sostenido reuniones con organizaciones y colectivos, pese a que —según señalaron— la única persona con la que se reunió fue Adriana Bahena, a quien desconocen como representante.
“Ella no nos representa y no representa a las personas que buscamos”, expresaron, al acusar que los funcionarios han vulnerado derechos de integrantes de los colectivos con los que sí tienen interlocución.
El colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala también se deslindó de Adriana Bahena. Afirmaron que su presidente es Joel Díaz Díaz desde hace 11 años, lo cual, dijeron, consta en el acta constitutiva, por lo que no reconocen a otra persona como su voz ante las autoridades.
Las manifestantes denunciaron además despidos dentro de la CEBP, particularmente de personal con experiencia en campo y trato directo con familias. Señalaron que fueron removidos trabajadores con años de servicio y empatía con las víctimas, mientras ingresaron perfiles que consideran no aptos para las labores de búsqueda. Mencionaron el caso del reemplazo de una psicóloga por una nutrióloga: “En campo necesitamos una psicóloga. Nosotras vivimos la desaparición de nuestros hijos; una nutrióloga no cubre esa necesidad”.
En el sitio salió a dialogar Alejandro García, a quien las madres buscadoras reclamaron falta de sensibilidad, compromiso y responsabilidad institucional. “No puede permanecer en el cargo una persona que incumple principios básicos del servicio público y se niega a escuchar a las familias”, expresaron en un pronunciamiento.
Las manifestantes emplazaron al funcionario a presentar en el lugar a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Cecilia Narcizo Gaytán, así como a la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega. Mientras esperaban la llegada de ambas, cerraron las oficinas.
Socorro Gil, del colectivo Memoria, Verdad y Justicia de Acapulco, declaró que un agente de Gobernación se le acercó para advertirle que su acción podía considerarse un delito e incluso “privación ilegal de la libertad”.
Media hora más tarde llegó la ombudsperson Cecilia Narcizo Gaytán, quien intentó bromear con las madres y familiares. Socorro Gil le respondió: “Me tiene decepcionada, maestra”. Minutos después, Narcizo Gaytán entró a dialogar con Alejandro García y, posteriormente, representantes de los colectivos ingresaron a una reunión